Entrevistamos a... Carmen Grau Pineda
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Reflexionamos con Carmen Grau...
¿Favorece de alguna manera la brecha laboral o el sistema de pensiones a la violencia de género? ¿Es violencia la desigualdad laboral? ¿La profesionalización del trabajo doméstico es un paso fundamental para lograr la igualdad? De todas estas cuestiones hablamos con Carmen Grau Pineda, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la ULPGC, además de contar con una larga trayectoria docente y de publicaciones, este año 2020 ha sido reconocida con el Premio Nacional "8 de Marzo. Igualdad de las mujeres" de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por el trabajo “Los enemigos que amenazan la efectividad real de los planes de igualdad”.
¿Cree que hay relación entre violencia de género y brecha laboral?
De alguna forma sí porque los persistentes problemas que las mujeres tenemos en el mercado de trabajo dificultan nuestra independencia económica de los hombres, de nuestras parejas. Sin entrar en la orientación sexual de cada una, es urgente avanzar en la superación definitiva de los roles tradicionales (trabajo productivo versus trabajo reproductivo), heredados del modelo judeo-cristiano según el cual el hombre ostenta el rol de “breadwinner” o sustentador de la familia -rol productivo- y la mujer encargada del rol reproductivo porque genera un círculo perverso de posesión, sumisión y dependencia en el seno del cual la violencia intrafamiliar encuentra un terreno sumamente fértil.
Mientras las mujeres tengamos trabajos más precarios, más temporales y mayormente a tiempo parcial, además de peor retribuidos que los hombres, la brecha de género será un obstáculo para alcanzar la igualdad real y, con ello, para superar problemas endogámicos de nuestras sociedad como la violencia de género. A mayor dependencia económica, mayor dependencia afectiva. Es un círculo vicioso del que resulta complicado salir y en cuyas causas hay que perseverar porque solo así podrá superarse.
¿Cómo afecta a las mujeres el actual sistema de pensiones?
Todo el mundo habla de la brecha laboral y de la brecha salarial. Pero muchas son las brechas de género que existen y, entre ellas, la pensional, la referida a la pensiones que cobran mujeres y hombres no es nada desdeñable.
Si la brecha salarial preocupa y está cuantificada en casi un 12% en España (la media europea está en el 14%, aproximadamente ), la brecha pensional es de más del doble. Está cuantificada en un 34% , nuestro país es el sexto país europeo -solo por detrás de Alemania, Holanda, Reino Unido, Austria y Francia y estando la media UE-28 situada en el 37% - . De ahí la necesidad imperiosa de ir más allá, de ser capaces de dar una interpretación de género a los sistemas de protección social y conseguir mejores resultados de los hasta ahora obtenidos y que han sido del todo insuficientes en la remoción de esta brecha que tanto impacto tiene en la inequidad de mujeres y hombres en materia de pensiones.
La brecha pensional no es sino consecuencia de la laboral. Nuestras pensiones contributivas de jubilación, por ejemplo, se calculan en función de nuestras trayectorias laborales previas y las de las mujeres, en general, hacen que sea misión complicada cumplir los exigentes requisitos (15 años cotizados para tener derecho a un 50% de la base reguladora) del nivel contributivo de protección, que termina por generar pensiones bajas, en el mejor de los casos, o la necesidad de ir a nivel asistencial de protección (pensiones no contributivas) en el peor de ellos.
Pero es que además, tiene un impacto directo en otra de las brechas, la de la pobreza que, en España, tiene rostro de mujer mayor, en relación directa con las beneficiarias de las pensiones no contributivas (más del 90% de ellas mujeres) y que rondan los 500 euros/mensuales.
El de la brecha pensional es un tema apasionante, transversal y que me he sugerido tantas cosas que espero poder publicar una monografía en breve (Editorial Bomarzo) que ponga de manifiesto todo el interés personal que el tema me ha suscitado y contribuya a ordenar el debate para que sea fecundo en la búsqueda de soluciones a los problemas concretos que se plantean.
El título de uno de sus últimos trabajos publicados en The conversation, Empleo doméstico: igualdad y formación profesional, parece más la expresión de un deseo que una realidad. ¿Cómo valora el camino hacia la igualdad en lo que al empleo doméstico se refiere?
Efectivamente, era un objetivo del propio título, sembrar la duda desde el principio. Esta breve aportación publicada en The conversation es un extracto de un artículo más amplio que se publicará en Lex Social, Revista jurídica de los derechos sociales en enero del año próximo y que lleva por título “El derecho a la formación y a la cualificación profesional en el trabajo doméstico” y que he podido desarrollar dentro del del Seminario Permanente de Trabajo Doméstico de la UC3M del que soy miembro.
El encargo concreto que se me hizo parte de la premisa de que si el empleo doméstico está últimamente de moda no es en modo alguno casual. Múltiples son las variables que han influido en ello, pero es fácil entender que con la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo haya sido preciso redistribuir las tareas y cuidados intrafamiliares entre los miembros de cada unidad familiar o “externalizarlos” y acudir a la prestación de servicios por personas ajenas a la misma.
El aumento de las necesidades externas de prestación de servicios (tareas y cuidados intrafamiliares) que, hasta hace poco tiempo, eran prestados de forma altruista e innata por las mujeres que, ahora en una coyuntura social y económica propicia, salen al mercado de trabajo para ser independientes económicamente de sus parejas y realizarse como profesionales (normalmente, tras haber tenido acceso a estudios medios y superiores) genera un déficit que tiende a ser o bien compartido en el seno intrafamiliar (corresponsabilidad) o bien “externalizado” y suplido por otras mujeres ajenas al núcleo familiar y que sea por la carencia de estudios, por el origen racial o social, o por las razones que fuere no pueden acceder al tipo de trabajos o empleos al que acceden las primeras. Se polariza el colectivo femenino entre las primeras y las segundas que se ven inmersas en un círculo perverso en el que los varones no participan por mantenerse, en general, ajenos a tales labores. Se polariza pero en ambos polos se perpetúan las dificultades referidas al género porque las que deciden “salir” se enfrentan a todo tipo de obstáculos y dificultades que no han de afrontar sus compañeros; y las que “suplen” siguen siendo invisibles como lo fueran las primeras antes de salir y sus madres y sus abuelas...
En este contexto general, es de gran utilidad revisar el papel que la formación y cualificación profesional tiene en la dignificación, valorización y, por tanto, visibilización de este trabajo, de este sector y de un colectivo de trabajadoras vulnerables como pocos. Y, para llevar a cabo tal labor, ha decidido estructurarse esta aportación intentando dar respuesta a tres preguntas concretas: ¿Por qué es el sector de empleo doméstico un sector emergente?, ¿existe un derecho laboral a la formación profesional para este colectivo?, ¿de qué formación se dispone, por qué no se demuestra eficaz y quién es el responsable de ello?.
Cuesta comprender que siendo un lugar común pensar que disponer de competencias acordes con la demanda requerida de los puestos de trabajo continúa siendo la clave de bóveda en el éxito laboral, esto no sea así en el empleo doméstico, máxime la vertiginosa transformación que está teniendo en las últimas décadas como consecuencia de los cambios sociales anticipados. En los momentos que se viven, resulta que lo que vale cuando se contrata de una persona trabajadora, parece no contar para una trabajadora doméstica respecto de la que se pretende otorgue satisfacción inmediata a nuestras necesidades familiares sin preocuparnos por su formación/cualificación profesional en ese sentido y confiando en que cuenta con tales competencias por el simple hecho biológico de ser mujer. Por mucho que las actividades específicas a realizar -sean las que fueren a falta de concreción u objetivación- puedan realizarse de modo genérico, es evidente que se requiere de una básica formación/cualificación profesional para ello. Como en todas las ocupaciones, trabajos y actividades, cuanto mayor sea la técnica adquirida, mayor será la competencia y profesionalidad alcanzada en la prestación del servicio. Increíble tener que recordar esto. Y ello solo puede deberse a lo ya antedicho: la creencia de que el simple hecho biológico de ser mujer capacita de forma automática para la prestación de ciertas tareas como es el caso de las domésticas y de cuidados intrafamiliares.
Las respuestas concretas pueden encontrarlas los lectores y lectoras interesadas en el artículo, pero solo adelantar aquí que es una aportación muy sugerente, de la que estoy muy satisfecha y que llega a conclusiones fundamentales como la necesaria cualificación/formación del colectivo y la urgente promoción pública tanto de la sindicación como el asociacionismo empresarial en el sector para poder negociar u convenio colectivo que desarrolle sus derechos. Sin ambos hitos, la igualdad real será una quimera y habremos fracasado una vez más en el intento.
La profesionalización del empleo doméstico, ¿en qué lugar cree que puede dejar a todas esas mujeres cuyos trabajos pertenecen a la economía sumergida?
El problema de la economía sumergida en España es brutal. Tenemos una alta tolerancia a la misma que está cuantificada en un 70% frente al 30% de muchos de nuestros vecinos europeos. Somos excesivamente tolerantes con tal hecho y no somos conscientes de sus nefastas consecuencias.
La explicación a este fenómeno se encuentra en el hecho cierto de que el modelo mediterráneo de cuidados intrafamiliares (menores, ancianos, discapacitados y dependientes), propio de países como Italia, Grecia y España, presenta dos rasgos fundamentales: un gasto reducido en servicios de atención a la dependencia y una importante proporción de inmigrantes en puestos de trabajo no cualificados a los que se les une la extensión de la economía sumergida y del empleo irregular con la aceptación social de todas las facetas derivadas de estas prácticas. En este modelo, el nuestro, el trabajo doméstico se considera un sustituto de la atención institucional, muy escasa por no decir inexistente, lo que obliga a las familias a buscar otras alternativas a través de la contratación informal de mujeres, en muchos casos, inmigrantes que, a menor coste y con gran disponibilidad, están dispuestas a realizar trabajos rechazados por las mujeres autóctonas.
La profesionalización del empleo doméstico requiere, entre muchas otras cosas, conseguir que a las familias les salga más rentable tener una empleada doméstica formal que informal y eso requiere de incentivos económicos a este tipo de contrataciones. Incentivos que no son solo respecto de las cotizaciones sociales sino, sobre todo, fiscales. Si una empresa puede deducirse una serie de gastos anuales en sus impuestos, porque no van a poder hacerlos las familias como empleadoras?. Es más, en Francia que es el país cuyo ejemplo pienso hay que seguir en la materia, las familias cuentan con una deducción fiscal de hasta 7.500 euros/año por este concepto. Medidas como estas harían posible que las familias se lo pensaran antes de recurrir a la economía sumergida. Pero, además, hay que simplificar los trámites administrativas que familias y trabajadoras del sector han de llevar a cabo y que, en la mayoría de los casos, son tan complejos que requieren de la contratación de servicios de asesoramiento. Es de locos. Este modelo burocrático debería de estar superado y queda mucho por hacer.